No:220/20, El comentario del Departamento de Servicio de Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Azerbaiyán
Desde el fracaso del ataque de Armenia a las posiciones azerbaiyanas, del 12 al 16 de julio de 2020, en dirección al distrito de Tovuz, a lo largo de la frontera entre Azerbaiyán y Armenia, lanzado con el fin de llevar a cabo su agresiva estrategia militar en busca de una "nueva guerra por nuevos territorios", la dirigencia política- militar de Armenia continúa con sus pasos de instigación y las declaraciones provocadoras para compensar el fracaso de su última aventura militar y desviar la atención de la creciente crisis socio-económica y política en su país. Todo esto es una clara manifestación de que la intención de Armenia no es eliminar las consecuencias del conflicto, sino es fortalecer la situación de ocupación creada mediante el uso ilegal de la fuerza.
Tras las declaraciones de los círculos militares y políticos de Armenia de que se considerarán como "objetivos militares" a los grandes centros poblacionales y las instalaciones civiles con importancia estratégica, como la central hidroeléctrica de Mingachevir de la República de Azerbaiyán, la parte armenia, por medio del así llamado "jefe" del régimen ilegal creado en los territorios ocupados de Azerbaiyán, intenta amenazar con atacar la ciudad de Ganja de la República de Azerbaiyán.
Todo esto expone la naturaleza terrorista de Armenia, que no abandona su política de agresividad. Al quedar impotente en los ámbitos tanto interno, como externo, luego de que su provocación militar haya sido derrotada por la potencia militar y el alto profesionalismo del ejército azerbaiyano, Armenia, una vez más, recurre a su método tradicional de apuntar hacia los objetivos civiles y la población, creando así el miedo entre la población civil, típico modo de las organizaciones terroristas.
Armenia, aprovechando nuevamente, para sus propósitos políticos nefastas, de los sufrimientos humanitarios que se viven en los países del Medio Oriente, ha declarado su plan de asentar ilegalmente a los armenios étnicos del Líbano en los territorios ocupados de Azerbaiyán, luego de la terrible explosión ocurrida en la ciudad de Beirut en dicho país.
La parte armenia también ha manifestado su intención de trasladar algunos así llamados "entidades oficiales" a la ciudad de Shusha, mediante el régimen ilegal creado por Armenia en los territorios ocupados de Azerbaiyán.
Esta tentativa despreciable con respecto a la ciudad de Shusha, que es de suma importancia para el pueblo azerbaiyano por sus características culturales, históricas y espirituales, es otro intento más para fortalecer la política de limpieza étnica en los territorios ocupados de Azerbaiyán.
La restitución de los derechos de la población azerbaiyana expulsada de sus tierras nativas y su retorno seguro y digno a sus residencias permanentes en todos los territorios ocupados de la República de Azerbaiyán, incluyendo la región de Nagorno Karabaj y su ciudad de Shusha, es la línea roja en el proceso de resolución del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. El hecho de que Armenia no renuncia a esta intención, lo cual consideramos como cruzar esta línea roja, amenaza con causar serias consecuencias.
En el contexto de las actividades económicas ilegales y de otro tipo en los territorios ocupados de Azerbaiyán, Armenia está tomando medidas para cambiar la infraestructura del Embalse de Sarsang. La actividad de Armenia en relación al Embalse de Sarsang tiene el carácter ilegal que constituye una violación a los derechos estatales y de propiedad privada con la explotación ilegal de los recursos naturales de Azerbaiyán. Desde la ocupación de los territorios de Azerbaiyán, Armenia ha estado utilizando el Embalse de Sarsang como un instrumento de terror ecológico, privando a los ciudadanos azerbaiyanos que viven cerca de los territorios ocupados de Azerbaiyán de recursos de agua, que resulta en un daño serio a la situación ecológica y la biodiversidad en estas áreas. Los mismos están inequívocamente consagrados en la Resolución 2085 (2016) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Los esfuerzos para cambiar la infraestructura del Embalse deben ser considerados como el siguiente paso en la política de terrorismo ambiental de Armenia.
Además, todos los cambios de infraestructura realizados en los territorios ocupados, incluso la construcción de rutas que conectan a Armenia con los territorios ocupados de Azerbaiyán, así como, todas las acciones tomadas en relación con el Embalse de Sarsang, sirven a la política de asentamiento ilegal llevada a cabo por Armenia, que tiene como objetivo atraer a más armenios étnicos para asentarse en los territorios ocupados.
Armenia debería detener de poner a prueba la paciencia de la comunidad internacional, en especial, del Gobierno y la sociedad de Azerbaiyán, con sus actividades ilegales de instigación y sus declaraciones provocativas.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Azerbaiyán manifiesta sin ambigüedades que la República de Azerbaiyán está comprometida y decidida a tomar todas las medidas necesarias, utilizando todas las posibilidades previstas en la Constitución de la República de Azerbaiyán y el derecho internacional, a fin de restituir su integridad territorial y la soberanía dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, para proteger el orden constitucional y garantizar la seguridad y los derechos y libertades de sus ciudadanos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Azerbaiyán informó a los Copresidentes del Grupo Minsk de la OSCE sobre estos intentos de provocación de Armenia destinados, a propósito, agravar la situación en la región y destruir completamente las perspectivas de solución pacífica del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Con motivo de dar la respuesta adecuada a las acciones mencionadas de Armenia y lograr que se abstenga de otras acciones que puedan conducir a graves y peligrosas consecuencias para toda la región, es importante su regreso a las negociaciones encaminadas a lograr una solución pacífica del conflicto, cuyo marco político y legal ha sido definido de conformidad con las cuatro resoluciones respectivas del Consejo de Seguridad de la ONU (822 (1993), 853 (1993), 874 (1993), 884 (1993)) y las decisiones de la OSCE.
El Ministerio de Asuntos Exteriores seguirá tomando las medidas necesarias utilizando todos los mecanismos políticos y diplomáticos para frenar las acciones ilegales de Armenia y eliminar sus consecuencias.
